EL CÍRCULO DE LA CRISIS DE GOBERNABILIDAD
Destitución del Presidente de la República, gobierno transitorio, protestas sociales e ingobernabilidad
Por Mariano Beltrán │ 10 de noviembre de 2020.
A cinco meses de las Elecciones Generales 2021, en el marco del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, el parlamento acaba de destituir al Presidente de la República, Martín Vizcarra, por ‘permanente incapacidad moral’. Éste ha aceptado la decisión, asegurando que deja el cargo “con la frente en alto”.
Al respecto, ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la destitución del Presidente de la República, Martín Vizcarra?. Asimismo, ¿Cuáles serían las propuestas de resolución para mantener la institucionalidad y gobernabilidad del país?
Martín Vizcarra fue el primer vicepresidente de la República durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (28 de julio de 2016 – 23 de marzo de 2018). No obstante, tras la dimisión de este último, Vizcarra asume el 23 de marzo de 2018 como Presidente de la República, para luego ser destituido la noche del 9 de noviembre de 2020.
Entre las causas de su destitución, según el peruano Gabriel Vega Peralta, Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad La Sorbona (París), se tienen las acusaciones de corrupción por supuestos hechos acontecidos como gobernador de la región de Moquegua, en el periodo 2011-2014.
Para la constitucionalista y catedrática universitaria Gabriela Pozo Méndez, autora del libro El Derecho Constitucional y el Estado de derecho (2015), Vizcarra pregonaba abiertamente e indirectamente una lucha frontal contra la corrupción en el congreso. Asimismo, "(...) cada vez que salían informes de corrupción del caso Lava Jato y donde existían vínculos con la lideresa de Fuerza Popular, era de esperar que su bancada respondiera no solo obstaculizando la gobernabilidad de Vizcarra sino lograr su vacancia".
José Arriarán Gutiérrez, viceministro de Justicia durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua y miembro del cuerpo diplomático en el gobierno de Alejandro Toledo, señaló que una de las motivaciones para la destitución fue también la disolución del congreso, en setiembre del 2019, cuando Fuerza Popular controlaba el parlamento.
En cuanto a las consecuencias, Pozo señala que, de acuerdo al marco constitucional, corresponde al presidente del Congreso de la República asumir la Presidencia de la República. Además, "No ha sido decisión de ningún partido la designación de Merino (...). Que lo hayan 'promovido' [los partidos aliados] es otra cosa, por ello la gente está saliendo a las calles".
Para Arriarán, "En política este tipo de maniobras es echar más leña al fuego", la forma de la destitución y el rumor de que Merino intentó comunicarse con altos mando de las Fuerzas Armadas ha generado en la ciudadanía una sombra de la ilegitimidad y protestas sociales.
"Similares crisis hemos vivido en el gobierno del ‘fujimontesinismo’, la difusión de los 'vladivideos' y la renuncia vía fax de Fujimori desde Japón, generó movilizaciones al interior de las regiones del país. Por ejemplo, la marcha de los cuatro suyos fue la mayor movilización popular que duraron días", sostuvo Vega.
Finalmente, entre las propuestas de resolución para mantener la institucionalidad y gobernabilidad, el ex viceministro Arriarán concluye que el único medio para prevenir una mayor recesión económica y la huida de capital, el camino es el Estado de derecho. Igualmente, para controlar las protestas sociales y la destrucción de la propiedad privada y pérdidas de vidas humanas, y recuperar la gobernabilidad.
Por su parte, la constitucionalista Pozo enfatiza que "La constitución, los estamentos del Estado [El Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación] es el único mecanismo que tenemos para viabilizar estos conflictos (…)”. Para el doctor Vega, el consulado peruano debe explicar a la Organización de Estados Americanos, organismos e inversores internacionales que esta crisis se está resolviendo políticamente y de acuerdo a Ley.
Del análisis de los constitucionalistas, académicos y políticos, lo que se viene es un escenario de facto, la ciudadanía en las calles, un descrédito a la clase política y una inseguridad jurídica para mantener la inversión. En este contexto, se invoca a las organizaciones políticas y líderes democráticos, en establecer un diálogo político por la institucionalidad y gobernabilidad del país, haciendo a un lado los intereses políticos.