AUSENCIA DE INTEGRIDAD MORAL (II)

 

Por César Mariano Beltrán Gutiérrez

ACS COMMUNICARE

 

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Comunicadores(as) en ‘negociazos’ con plazas CAS

AUSENCIA DE INTEGRIDAD MORAL (I)

Repensando la formación humanística en las universidades

 

¿Cómo se estarían dando estos ‘negociazos’ CAS y quienes formarían parte de este ‘grupo’ de comunicadores(as) involucrados? Estos ‘negociazos’ CAS se estarían dando a través de la (auto) selección, direccionamiento, etc. a comunicadores(as) que forman parte de este ‘grupo’ de comunicadores(as), quienes habrían capturado y estarían copando las diferentes dependencias, oficinas y/o áreas de Comunicación del Estado, desde la Presidencia del Consejo de Ministros hasta los ministerios; o declarando las plazas desiertas para la contratación directa —sin ningún concurso de mérito— a compañeros(as) de estudios, amigos(as) y/o conocidos de este ‘grupo’ de comunicadores(as).

 

Pruebas al canto

 

Primer caso. Esta última semana del mes de setiembre de 2016 el proceso CAS: "CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN COMUNICADOR PARA EL DESPACHO PRESIDENCIAL" ha generado indignación; el objeto de la convocatoria: "Contratar los servicios de un comunicador para ejecutar la estrategia de comunicación y la adecuada difusión de las Políticas Nacionales"; Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios: Bachiller en Derecho y/o Ciencia Política (PCM, 2016). Sí, un bachiller en Derecho y/o Ciencia Política para los servicios de un Comunicador(a), y para el despacho presidencial.

 

Tomado conocimiento de esta incoherencia y en el marco de los Derechos fundamentales de la persona, contenido en la Constitución Política del Perú, artículo 2 e inciso 5, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 7, 8 y 10, se solicitó inmediatamente al premier Zavala información sobre los documentos correspondientes a las etapas de preparatoria, convocatoria y selección del proceso CAS en cuestión; sin embargo, al cierre de la presente edición, ninguna respuesta documentada de quienes pregonan transparencia y luchar contra la corrupción en el Estado.

 

No obstante, según comunicado de la PCM se ha declarado “CANCELADA la presente convocatoria, para Contratación Administrativa de Servicios de un comunicador para el Despacho Ministerial” (PCM, 2016b) de conformidad con el literal a) del numeral 2, del punto VIII de las bases de la convocatoria en cuestión: “Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso de selección".

 

¿Error administrativo?

Según La República (2016) la PCM habría aclarado y anulado el proceso CAS 072-CAS-2016-PCM-ORH "(...) debido a que se produjo un error administrativo”. ¿Cuál es el ‘error administrativo’?, ¿Quiénes son los responsables y cuáles son las sanciones y medidas para evitar futuros ‘errores administrativos’?

 

Al respecto, no sólo correspondía la anulación inmediata del proceso, ameritaba también la apertura de un proceso de investigación para determinar las responsabilidades y sancionar a las y los responsables del ‘error administrativo’.

 

Para el caso en particular, quienes han laborado y laboran en la administración pública y/o conocen del sistema de la administración pública saben que el requerimiento de un Comunicador(a) social —u otro personal— pasa también por la aprobación y el visto bueno de la dirección de Comunicación —o dependencia solicitante— para iniciar con las etapas de selección del proceso CAS. ¿Desconocía de éste proceso el responsable de la dirección de Comunicación? ¿Cuáles fueron sus observaciones y recomendaciones? ¿Este procedimiento administrativo u omisiones configuran como una falta administrativa o pequeña corrupción?

 

Segundo caso. En su legítimo derecho y aspiración personal, comunicadores(as) que se encuentran laborando en plazas CAS, locación de servicios, consultoría, etc., en algunos ministerios del Estado vienen postulando a plazas CAS, con mayor remuneración y/o cargo —que se alinean a sus intereses personales y/o de ‘grupo’—, o participando de las Comisiones de selección de personal para favorecer a esta ‘red’ de comunicadores(as) contraviniendo los Principios y deberes éticos del servidor público y/o incurriendo en presuntos delitos de corrupción. Al respecto, se sugiere revisar las recientes convocatorias programadas para los puestos de Responsable de Comunicaciones, Especialista de Comunicaciones, entre otros, por el Ministerio de Educación.

 

De la misma manera, en su legítimo derecho y aspiración personal, comunicadores(as) que no se encuentran laborando para el Estado vienen postulando a plazas CAS, locación de servicios, etc. de algunos ministerios, en cuyos procesos se tiene a miembros de la Comisión de selección de personal que forman parte de este ‘red’ de comunicadores(as), quienes vienen contraviniendo los Principios y deberes éticos del servidor público y/o incurriendo en presuntos delitos de corrupción; y en perjuicio de la transparencia, eficacia y eficiencia de las políticas públicas, programas y proyectos en salud, educación, etc.

 

¿Falta administrativa?

De los principios de la función pública, se estaría contraviniendo los Principios y deberes éticos del servidor público contenido en la Ley del Código de Ética de la Función Pública (Ley Nº 27815). Por ejemplo, el respeto al debido procedimiento, probidad —rectitud, honradez y honestidad, desechando todo provecho o ventaja personal—, idoneidad —solvencia moral—, justicia y equidad, etc. De los deberes de la función pública se estaría contraviniendo: neutralidad, transparencia, ejercicio adecuado del cargo, responsabilidad, etc., respectivamente; asimismo, las prohibiciones éticas de la función pública: mantener intereses de conflicto, obtener ventajas indebidas —para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia—, etc. Por lo tanto, se estaría infringiendo la Ley del Código de Ética de la Función Pública, entre otras normas jurídicas; e incurriendo en faltas administrativas.

 

Los llamados a sancionar las faltas administrativas son las autoridades administrativas de las instituciones públicas o la Contraloría General de República. Las sanciones: Destitución, despido, suspensión del cargo, multa o amonestación (CAN, 2013: 11).

 

Delitos contra la administración pública: ¿Corrupción?

Teniendo en cuenta los indicios y evidencias descritos en los ‘negociazos’ CAS, los involucrados —entre ellos los comunicadores(as) que participan como postulantes o en la Comisión de Evaluación— estarían incurriendo en el delito de Colusión simple y agravada.

 

De acuerdo al artículo 384 del Código Penal, referido a la Colusión simple y agravada, “El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa”.

 

El llamado a sancionar los delitos de corrupción es el Poder Judicial. Las sanciones: Pena privativa de libertad, multa e inhabilitación (CAN, 2013: 11).

 

En el marco de la lucha contra la corrupción, está pendiente la promulgación de un proyecto de Ley que sancione a las y los corruptos con una inhabilitación perpetua, ‘muerte civil’ para las y los corruptos, en la administración pública.

 

Consecuencias de los ‘negociazos’ CAS

A partir de estos ‘negociazos’ CAS,  además de las faltas administrativas y delitos contra la administración pública,  es posible comprender y constatar las siguientes consecuencias:

 

- Ineficacia e ineficiencia de algunas direcciones, unidades y/o áreas de Comunicación de las instituciones del Estado; y consecuentemente también, la ineficacia e ineficiencia de las políticas públicas, programas y proyectos del Estado;

 

- Inadecuada aplicación del componente comunicacional en el campo político, en la administración pública, en los programas y proyectos, estrategias, etc.;

 

- Subvaloración y/o desconocimiento de las perspectivas teóricas y metodológicas de las Ciencias de la Comunicación en los planes de comunicación, así como su aporte al bienestar general de las sociedades y consecuentemente de la Humanidad;

 

- Debilidad y/o desconocimiento del proceso de la planeación estratégica de la comunicación (diagnóstico-diseño-estrategia, implementación y monitoreo-evaluación), generalmente la ausencia del diagnóstico sistemático y la evaluación participativa de los resultados e impacto del componente comunicacional;

 

- Predominio y/o aplicación de una comunicación instrumental y difusionista de mediados del siglo XX en pleno siglo XXI;

 

- Estancamiento del desarrollo de las perspectivas teóricas y metodológicas de las Ciencias de la Comunicación; e

 

- Instrumentalización de la carrera de la Ciencias de la Comunicación; es decir, reducir la formación científica, tecnológica y humanística de la profesión al oficio de redactor, fotógrafo, camarógrafo, diseñador y programador, gestor de redes sociales, maestro de ceremonias, etc.

 

Por otra parte, ante la ineficacia e ineficiencia de las políticas, planes y ‘estrategias’ de comunicación —sin base científica y resultados— sí se observa una evaluación de las mismas a partir del número y/o ‘cantidad’ de actividades y productos ‘comunicacionales’, número de asistentes y/o participantes, número de publicaciones y ‘like’, etc., sin tener en cuenta los procesos de la fundamentación teórica correspondiente de las estrategias, objetivos, metas y resultados, consecuentes al diagnóstico,  y al objetivo institucional.

 

¿Cuáles serían esas ‘estrategias’, actividades y/o productos comunicacionales que se desprenden de sus políticas y/o planes de comunicación?

Solo para muestra se señalará algunas de esas ‘estrategias’, actividades y/o productos comunicacionales:

 

Paneles luminosos.- Si se piensa positivamente, probablemente exista un ‘diagnóstico’ o una ‘justificación’ para la instalación de paneles luminosos en las dependencias del Estado, como el Ministerio de Educación; sin embargo, en un contexto donde cientos de miles de niños, niñas y adolescentes del interior de las regiones del país reciben ‘clases’ en ‘aulas’ sin techos ni ventanas ¿Cuál es la prioridad que merece mayor atención: instalar paneles luminosos o ventanas para las instituciones educativas? ¿Cuál es el objetivo y los resultados de los paneles luminosos instalados en las dependencias del Estado? ¿Difundir, transmitir, informar, etc.? ¿Cómo contribuyen los paneles luminosos a la mejora de la calidad educativa?

 

Contenido en redes sociales.- Igualmente, en el caso probable que exista un ‘diagnóstico’ o una ‘justificación’ para generar contenido a través de las redes sociales en comunidades educativas de ciudades urbanas con acceso a energía eléctrica, servicio de Internet, computadoras y laptops, etc., ¿Cuál es la ‘estrategia’ y/o actividad para las miles de comunidades educativas (Directivos, profesoras, profesores, estudiantes, padres de familia, etc.) periféricas y rurales, alto andinas y selváticas que no tienen acceso al servicio de Internet, y que tampoco cuenta con computadoras?

 

Irónico, verdad, enfatizar la difusión de información del sector ministerial correspondiente a través de las redes sociales cuando miles de comunidades del interior de las regiones del país carecen de energía eléctrica y/o servicio de Internet, y/o cuando cientos de miles de familias no tienen una computadora, ni los medios económicos para pagar el servicio de conexión. ¿Cuál es el objetivo y los resultados de la difusión de información a través de las redes sociales? ¿Publicar, transmitir, informar, etc. y tener 100 ó 1000 likes? ¿Cómo contribuye esas ‘estrategias’, actividades y/o productos comunicacionales a la mejora de la calidad educativa?

 

Evaluación del componente comunicacional

Al respecto, cabe formular las siguientes preguntas ¿Cuáles son los estudios, investigaciones o diagnósticos de los programas, proyectos y/o planes de comunicación, los objetivos y las metas, los grupos de interés, las estrategias, las evaluaciones y los resultados, los recursos y presupuestos, etc. del componente comunicacional en la PCM y los ministerios?

 

¿Dónde está alojado el plan de comunicación?

Sólo por mencionar a un sector ministerial, uno de sus grupos de interés y un componente como el nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) que se debería de implementar a partir del año escolar 2017 ¿Qué planes y/o estrategias de comunicación y/o información han generado a la fecha (diciembre del 2016) las direcciones de Comunicación para establecer comunicación y/o informar a los niños, niñas, adolescentes, profesores(as), padres de familia y comunidad en general sobre las competencias, enfoques y/o actividades afines al CNEB? ¿Cuál es el presupuesto? De existir el plan de comunicación en referencia, y en el marco de la transparencia y acceso a la información pública ¿Dónde está alojado el plan de comunicación?, ¿No debería estar el documento en la web institucional?; caso contrario, ¿No se debería remitir oportunamente una copia al solicitante (Ciudadano/a, organización de la sociedad civil, etc.)?

 

Sin embargo, las actividades y los productos descritos, así como el uso de las redes sociales, de carácter instrumental y difusionistas de la información, son presentadas como propuestas ‘innovadoras’. ¿Qué es ‘innovador’, la ‘estrategia’, la actividad, el producto comunicacional, el proceso, el canal, el número de likes, etc.? ¿Es ‘innovación’ generar contenido en redes sociales para transmitir información  en comunidades donde no existe el servicio de Internet? ¿Es ‘innovación’ exponer la información mediante ilustraciones, viñetas, ‘gif’, etc.?

 

¿Carencia de pensamiento crítico o falta de honestidad?

Por otra parte, se puede observar también la carencia del pensamiento crítico en estos ‘profesionales’ y/o community manager que publican información sobre actividades afines al sector sin cuestionar y/o corroborar la fuente de misma, y sin el más mínimo análisis, pensando que Lima es el Perú, homogeneizando las regiones y comunidades en un país multilingüe y pluricultural e invisibilizando los problemas educativos generados por la imposición de la políticas públicas o la inadecuada implementación de los programas y/o proyectos educativos en las regiones y comunidades del país.

 

Por ejemplo, en un post publicado el 13 de diciembre de 2015 en su cuenta de Facebook, el MINEDU señalaba que “(…) La Jornada Escolar Completa #JEC ha mejorado la calidad del servicio educativo en 1 000 colegios públicos. (…) ¡Estamos avanzando en educación! Entérate más en: www.reformaeducativa.pe” (MINEDU, 2015). Según esta información, la JEC ‘ha mejorado’ la calidad del servicio educativo también en las 50 IE en la región Ayacucho porque está dentro de los 1000 colegios públicos. ¿Es posible mejorar la calidad del servicio educativo en las IE con la ineficiencia e ineficacia de los componentes de la JEC y la ausencia del componente de alimentación?, ¿Evaluaron el proceso de implementación de la JEC en la IE “Villa San Cristóbal [y en las cientos de instituciones del país]”? (Beltrán, 2015).

 

De lo expuesto, se desprende que estos comunicadores(as) sociales carecen de la competencia y experiencia profesional, pensamiento crítico, conocimiento de la realidad nacional y regional, e Integridad moral, entre ellos la honestidad.

 

El Estado y el presupuesto asignado al área de Comunicación

¿A cuántos millones de soles asciende el presupuesto de las direcciones de Comunicación de la PCM y ministerios, cuáles son los objetivos y cuáles son los resultados? ¿A cuántos millones de soles asciende el presupuesto de publicidad ejecutada por las direcciones de Comunicación de la PCM y ministerios, cuáles son los objetivos y cuáles son los resultados?

 

¿A cuántos millones de soles asciende el presupuesto de consultorías y/o asesorías ejecutada por las direcciones de Comunicación de la PCM y ministerios, cuáles son los objetivos y cuáles son los resultados?

 

¿A cuántos millones de soles asciende el presupuesto para el pago a periodistas, comunicadores(as), programas radiales y televisivos, columnas de opinión, etc. ejecutada por las direcciones de Comunicación de la PCM y ministerios, cuáles son los objetivos y cuáles son los resultados?

 

Perjuicios económicos y emocionales

La otra consecuencia de estos ‘negociazos’ CAS está en los perjuicios económicos y emocionales que genera estas ‘convocatorias’ públicas del Estado en las y los postulantes. Genera perjuicio económicos en aquellos egresados(as) en Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social, Comunicación para el Desarrollo y/o áreas afines de las demás regiones del país, quienes viajan hacia la región Lima y otras regiones del país para participar en estos procesos CAS, confiando en la Integridad moral, transparencia y honestidad de la Comisión de selección del personal, conformado por un comunicador(a) social. Asimismo, el perjuicio emocional se expresa en la indignación y la vergüenza ajena de conocer comunicadores(as) sociales inmersos en faltas administrativas y delitos contra la administración pública (corrupción).

 

Reflexiones

En una edición anterior de la revista Communicare (2016: 07) se reflexionaba lo siguiente:

 

“Desde la perspectiva de las Ciencias de la Comunicación, la imposición de políticas públicas, programas, proyectos [, planes] y estrategias sin base científica, que desconoce a las personas y/o comunidades como sujetos de comunicación y agentes de desarrollo, la falta de una planificación estratégica, operativa y participativa, y la falta de coordinación y articulación del Estado pertenecen a las prácticas de gestión de mediados del siglo XX; sin embargo, en el presente siglo XXI es una práctica común en muchas instituciones del Estado y sus funcionarios(as), instituciones privadas e incluso ONGs.”.

 

No obstante, haciendo una autocrítica, la ineficiencia de la gestión pública del Estado y funcionarios habría que añadir también la carencia de solvencia moral en el elemento humano, particularmente en aquellos comunicadores(as) que actúan al margen de las normas, etc. y demandar a las universidades énfasis en la formación humanística del estudiantado; y a las familias, atención en la educación en principios y valores universales de sus hijos e hijas.

 

Asimismo, en cuanto a las prácticas de gestión de mediados del siglo XX, se recomendaba que:

 

“(…) la administración pública, la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios, gobiernos regionales y locales, así como los órganos desconcentrados del interior del país, autoridades y funcionarios, comprendan las diferencias de las competencias profesionales y los aportes de las y los profesionales de las carreras de Ciencias de la Comunicación (Comunicación para el desarrollo, Comunicación Corporativa, etc.), Marketing y Publicidad, Producción de medios audiovisuales, Periodismo, etc.”

 

Al respecto, frente a los hechos expuestos, no sólo el reconocimiento de las diferencias de las competencias profesionales y oficios de parte del Estado, sino además, la conformación de una Comisión de evaluación alineada a los Principios y deberes éticos del servidor público (Ley Nº 27815) y observación del artículo 384 del Código Penal.

 

Retos y desafíos

Los retos, desafíos y sacrificios son enormes para aquellos comunicadores(as) que enfrentarán este tipo de situaciones, comenzando por mantener firme la integridad moral para no desmayar ante la adversidad y las represalias de este grupo de “comunicadores(as)” que tienen capturado las direcciones, unidades y demás dependencias del Estado.

 

El Estado, a través de la Secretaría de Gestión Pública, debe comprometerse también con la selección y promoción de la excelencia del capital humano, entre ellos de comunicadores(as) sociales con competencia y experiencia profesional, solvencia ética y moral, y compromiso de servicio al ciudadano(a) por el bienestar social.

 

Las universidades, particularmente las facultades y/o escuelas de Comunicación, repensar la formación humanística de las y los  estudiantes.

 

¿Cómo combatir la corrupción?

Toda vez que la gran y pequeña corrupción no es un fenómeno homogéneo se requiere de políticas públicas y énfasis en la formación humanística para la lucha contra la corrupción. Ello implica “(…) por lo menos dos enfoques complementarios: uno concentrado en el combate frente a los actos de corrupción realizados, otro concentrado en acciones preventivas de los posibles actos de corrupción que se puedan cometer” (PCM, 2012: 15). Asimismo, un marco normativo y equipos especializados para luchar contra la gran corrupción y programas de prevención para la pequeña corrupción (PCM, 2012: 14).

 

Para el caso de los ‘negociazos’ CAS, debería ser fácil de combatir las faltas administrativas y delitos de corrupción, más aún cuando está en manos de comunicadores(as) sociales con formación académica, quienes optaron por una profesión humanística y decidieron ser agentes de cambio al servicio de la Humanidad, actores del desarrollo humano, social y sostenible de las regiones y consecuentemente del país.

 

REFERENCIAS:

 

ACS COMMUNICARE (2015). "JORNADA ESCOLAR COMPLETA (JEC.) ESTARÍA ATENTANDO CONTRA LA SALUD Y EDUCACIÓN DE ESTUDIANTES EN LA REGIÓN AYACUCHO". Communicare. Perú, año 3, número 12. Publicado el 2015. Consulta: 30 de setiembre de 2016. <https://communicare.jimdo.com/2015/12/27/jornada-escolar-completa-jec-estar%C3%ADa-atentando-contra-la-salud-y-educaci%C3%B3n-de-estudiantes-en-la-regi%C3%B3n-ayacucho/>

 

ACS COMMUNICARE (2016). "Cambios a los modelos ineficientes de las instituciones del Estado". Communicare. Perú, año 1, número 2. Publicado el 27 de julio de 2016. Consulta: 30 de setiembre de 2016. <http://communicare.jimdo.com/2016/07/27/cambios-a-los-modelos-ineficientes-de-las-instituciones-del-estado/>

 

CAN (2013). Manual del denunciante. Empoderando al ciudadano. Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Consulta: 30 de setiembre de 2016. <http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/35182E8DACC673BC05257D71006E1BA0/$FILE/1_pdfsam_Manual_del_Denunciante_CAN.pdf>

 

COMISIÓN DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCIÓN (CAN ANTICORRUPCIÓN) (2013). Manual del Denunciante. Empoderando al ciudadano. Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Coordinación General de la CAN Anticorrupción. Consulta: 30 de setiembre de 2016. <http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/35182E8DACC673BC05257D71006E1BA0/$FILE/1_pdfsam_Manual_del_Denunciante_CAN.pdf>

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2002). Ley Nº 27815. Ley del Código de Ética de la Función Pública. Comisión Permanente del Congreso de la República. Consulta: 30 de setiembre de 2016. <https://www.migraciones.gob.pe/informacion/ley_codigo_etica_funcion_publica.pdf>

 

LA REPÚBLICA (2016). «PCM aclara convocatoria CAS acusada de ser “dirigida”». Publicado el 29 de septiembre de 2016 | 16:20 h. Consulta: 29 de setiembre de 2016. <http://larepublica.pe/sociedad/807426-pcm-aclara-convocatoria-cas-acusada-de-ser-dirigida>

 

MINEDU (2015). “#ReformaEducativa”. En muro de una cuenta en Facebook del Ministerio de Educación del Perú. Publicado el 13 de diciembre de 2015 a las 17:43. Consulta: 13 de diciembre de 2015.

 

PCM (1991). DECRETO LEGISLATIVO Nº 635. Código Penal. Consulta: 30 de setiembre de 2016. <http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-codpenal.htm&vid=Ciclope:CLPdemo>

 

PCM (2012). DECRETO SUPREMO Nº 119-2012-PCM. Aprueban Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016. Publicado en el diario "El Peruano". Lima, domingo 9 de diciembre de 2012. Consulta: 30 de setiembre de 2016. <http://www.pcm.gob.pe/normaslegales/2012/DS-119-2012-PCM.pdf>

 

PCM (2016). Proceso CAS Nº 072-CAS-2016-PCM-ORH. Secretaría General. Oficina General de Administración. Consulta: 29 de setiembre de 2016. <http://www2.pcm.gob.pe/convocatoriaAdm/procesos/S952016.pdf>

 

PCM (2016b). COMUNICADO. Proceso CAS Nº 072-CAS-2016-PCM-ORH. Secretaría General. Oficina General de Administración. Consulta: 29 de setiembre de 2016. <http://www2.pcm.gob.pe/convocatoriaAdm/procesos/C952016.pdf>

 

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