En un par de semanas un nuevo gobierno, elegido democráticamente, asumirá el Poder Ejecutivo, el Estado y las relaciones internacionales; la gestión con el Parlamento y el manejo de los conflictos con las fuerzas políticas; asimismo, la atención a las demandas regionales y al sector privado, el cumplimiento de las promesas electorales —el diseño, la implementación y evaluación  de la políticas públicas, programas y proyectos que impulsen el desarrollo integral del país—, etc. Los desafíos son enormes, entre ellos a nivel país, la implementación de la modernización y/o reformas para mejorar la administración del Estado.

 

Esta realidad nacional, nos invita a reflexionar sobre los cambios que exige el contexto actual a los modelos ineficientes de las instituciones del Estado, la falta de coordinación y articulación entre las entidades del Estado, ministerios, gobiernos regionales y locales, incluso, entre los sistemas de administración; igualmente, cambios al diseño vertical, paternalista de las políticas públicas, y como contribuir en ese proceso de modernización y/o reformas de la gestión pública, así como garantizar la participación de la ciudadanía, desde las Ciencias de la Comunicación.

 

Respecto a las capacidades estatales, Carlos Alza (2016: 6), director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, señala que:

 

“En la actualidad, el contexto evidencia que la agenda de discusión en las capacidades estatales latinoamericanas viene cambiando y, de hecho, exige más cambios. Si bien es cierto seguimos teniendo los viejos problemas de la capacidad estatal derivados de las explicaciones de corte histórico, mecanismos de dominación y de subordinación heredados de la experiencia colonial, en estos tiempos se presentan nuevos desafíos” (Alza, 2016: 6).

 

Nuevos desafíos, que según Alza, “(…) supone en términos de implementación de políticas, efectividad en el uso de los recursos y la legitimidad de los procesos decisionales marcados por procesos participativos con miras a lograr resultados”.

 

Desde la perspectiva de las Ciencias de la Comunicación, la imposición de políticas públicas, programas, proyectos y estrategias sin base científica, que desconoce a las personas y/o comunidades como sujetos de comunicación y agentes de desarrollo, la falta de una planificación estratégica, operativa y participativa, y la falta de coordinación y articulación del Estado pertenecen a las prácticas de gestión de mediados del siglo XX; sin embargo, en el presente siglo XXI es una práctica común en muchas instituciones del Estado y sus funcionarios(as), instituciones privadas e incluso ONGs. Esto también conllevaría “(…) a nuevas preocupaciones sobre el fortalecimiento del Estado, su capacidad de respuesta y la capacidad de implementar las decisiones para solucionar los principales problemas públicos que afectan a los ciudadanos, ciudadanas y comunidad en general" (Alza, 2016: 3).

 

Una primera tarea es que la administración pública, la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios, gobiernos regionales y locales, así como los órganos desconcentrados del interior del país, autoridades y funcionarios, comprendan las diferencias de las competencias profesionales y los aportes de las y los profesionales de las carreras de Ciencias de la Comunicación (Comunicación para el desarrollo, Comunicación Corporativa, etc.), Marketing y Publicidad, Producción de medios audiovisuales, Periodismo, etc.

 

Erróneamente las instituciones del Estado, las autoridades y sus funcionarios(as), al igual que personas de otras ciencias, piensan o creen que la competencia de un profesional de las Ciencias de la Comunicación se reduce al ejercicio del Periodismo, a la transmisión de información, medios masivos (prensa, radio, televisión, etc.) o su uso instrumental (propaganda, imposición de modelos ‘desarrollistas’, publicidad, etc.); equivocadamente, lo reducen a la información, a la difusión de mensajes a través de las redes sociales, a la difusión de spots radiales y televisivos, afiches, cartilla, etc.; o al ‘diseñador gráfico’, al ‘fotógrafo’, etc., desconociendo su potencial en la gestión de la comunicación y medios masivos, a través de la planificación y dirección estratégica, generación de espacios de diálogo y consensos, investigación interdisciplinaria y multidisciplinaria, enfoque crítico, trabajo en equipo, articulación y alineación de procesos programáticos y metas interinstitucionales, la participación y el acceso a los medios masivos, el reconocimiento a las personas y/o comunidades como sujetos de comunicación, entre otras competencias y enfoques de Derechos Humanos.

 

Las y los profesionales de Ciencias de la Comunicación, Marketing y Publicidad, Producción de medios audiovisuales, Periodismo, etc. tienen competencias particulares y significativas. Gestionados con eficiencia y con libertad a la creatividad, innovación e iniciativas del capital humano, emprendimiento y liderazgo, serían un valioso aporte para servir y contribuir al desarrollo humano, social y sostenible de las sociedades, a la construcción de sinergias multisectoriales para la consecución efectiva de los objetivos y resultados de los programas y proyectos, asimismo, a la gestión de la imagen y reputación corporativa en un entorno cambiante y competitivo, a través de la investigación científica, diseño, implementación y evaluación de estrategias de comunicación, ejercicio de ciudadanía y Responsabilidad social con dignidad humana, integridad moral, competencia profesional y ética; es decir, contribuir en la mejora de la administración del Estado a través de un cambio cultural en la administración pública al servicio de la ciudadanía.

 

Existe una “(…) necesidad de contribuir a la investigación de la capacidad estatal, para identificar cuáles son los principales desafíos que debemos enfrentar, en particular, en América Latina y el Perú” (Alza, 2016). A nivel del país, esto será posible —y clave para hacer eficiente y sostenible la modernización y/o reformas en la administración pública— si el Estado se compromete también a la selección y promoción de la excelencia del capital humano, entre ellos de comunicadores(as) sociales con competencia profesional y solvencia ética y moral. Para ello, la Secretaría de Gestión Pública debe empezar por revisar las competencias y/o perfiles profesionales, funciones y prácticas de gestión contenidos en las directivas para la selección del ‘recurso humano’, generalmente de enfoque instrumental para el caso de Ciencias de la Comunicación, y renovarlas por un enfoque de gestión del talento y/o capital humano.

 

Desde la ACS Communicare nos comprometemos también a generar espacios para identificar los desafíos, debatir los aportes y contribuir en la resolución de los problemas de la administración pública y en el proceso de la modernización y/o reformas en la gestión pública, empezando por construir una visión de futuro conjunto; asimismo, contribuir a la articulación de los sistemas de administración, la descentralización, la simplificación administrativa y mejor atención al ciudadano, la transparencia y el acceso a la información pública, el presupuesto por resultados, monitoreo, evaluación y vigilancia ciudadana, etc. a favor del bienestar de la ciudadanía, del desarrollo local e integral del país; además, en reconocer, valorar y socializar las buenas prácticas del Estado, al igual que de las instituciones privadas.

 

Referencia:

ALZA, Carlos (2015). “La capacidad estatal desde la academia”. Ciencia Política y Gobierno. Lima, 2015, volumen  2, número 4 (2015), pp. 5 – 8. Consulta: 15 de junio de 2016. <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/cienciapolitica/article/view/14896/15446>

 

Contenido > Revista Communicare Año 01 / Nro. 02 (Abril - Junio, 2016)